



El Gobierno español ha anunciado la reducción progresiva de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Aunque esta medida se presenta como un avance en los derechos laborales, su impacto real en la productividad, la competitividad empresarial y la viabilidad económica plantea serias dudas.
Más que una reforma estructural bien fundamentada, esta reducción de jornada podría ser una decisión de carácter populista, adoptada sin un análisis profundo de las consecuencias que traerá para el tejido empresarial español.
¿En qué consiste la reducción de jornada y cómo se aplicará?
Actualmente, el Estatuto de los Trabajadores establece una jornada máxima de 40 horas semanales, pero con esta reforma se aplicarán dos fases de reducción:
- 2024: La jornada se reducirá a 38,5 horas semanales.
- 2025: La jornada máxima quedará fijada en 37,5 horas semanales.
El Ejecutivo defiende que esta medida mejorará la conciliación y el bienestar de los trabajadores sin afectar la competitividad ni la economía. Sin embargo, no se han ofrecido datos concretos ni estudios de impacto que respalden esta afirmación.
Consecuencias para la productividad y la economía
Uno de los argumentos más cuestionables de esta reforma es la promesa de mantener los salarios intactos a pesar de que los trabajadores trabajarán menos horas. En la práctica, esto equivale a un incremento del coste laboral por hora trabajada, algo que muchas empresas difícilmente podrán asumir sin trasladar ese coste al consumidor o reducir plantilla.
Posibles efectos negativos:
Reducción de la productividad: En sectores donde la producción está ligada a la cantidad de horas trabajadas, esta medida podría reducir la capacidad productiva sin garantizar una compensación en eficiencia.
Mayor presión sobre las pymes: Muchas pequeñas y medianas empresas podrían enfrentar serias dificultades para adaptar sus estructuras de trabajo sin reducir su competitividad.
Aumento de costes para las empresas: Al reducirse las horas de trabajo sin reducción salarial, las empresas deberán asumir un mayor coste por empleado o verse obligadas a contratar más personal, algo difícil en un contexto económico incierto.
Fuga de inversión y deslocalización: España ya tiene un mercado laboral altamente regulado. Un incremento adicional de costes puede desincentivar la inversión extranjera o provocar que algunas empresas trasladen su producción a otros países con regulaciones más flexibles.
Además, no podemos ignorar la experiencia de otros países. Francia implementó una reducción de la jornada laboral en los años 90 con la llamada “semana de 35 horas”, y los resultados no fueron los esperados. En muchos casos, la productividad no aumentó y algunas empresas recurrieron a mecanismos como la contratación temporal o la deslocalización para compensar la falta de horas trabajadas.
Una medida populista, más que una reforma estructural
El principal problema de esta reducción de jornada es que parece más una estrategia política que una decisión basada en criterios técnicos o económicos sólidos. En lugar de buscar un acuerdo amplio con los sectores empresariales y sindicales, el Gobierno ha impulsado la medida como un «logro social» sin evaluar su impacto real en la economía y el empleo.
Los grandes beneficiados serán los trabajadores públicos, donde esta reducción de jornada no tendrá apenas impacto en costes salariales, ya que el ajuste se puede compensar con una reorganización interna. Sin embargo, en el sector privado la situación es completamente diferente, y serán las empresas (y, en última instancia, los consumidores) quienes asumirán el coste de esta medida.
Si realmente se busca mejorar la calidad del empleo en España, sería más efectivo invertir en formación, digitalización y políticas activas de empleo, en lugar de aprobar reformas que pueden terminar afectando negativamente a la competitividad del país.
Conclusión: ¿reforma necesaria o experimento arriesgado?
Reducir la jornada laboral sin reducir salarios es una propuesta atractiva en términos políticos, pero en la práctica puede generar efectos no deseados: menor productividad, más costes para las empresas y posibles despidos o reducciones de plantilla para compensar la medida.
Más que una decisión basada en la evidencia económica, esta reforma parece una medida de corte populista, destinada a ganar apoyo entre los votantes, sin garantizar que su aplicación real beneficie a largo plazo a la economía española.
En Compliance & Personal Abogados seguiremos de cerca la evolución de esta reforma y sus efectos en el mercado laboral. Si necesitas asesoramiento sobre cómo esta medida puede afectar a tu empresa o contrato laboral, contacta con nuestro equipo.



