El delito de usurpación de bienes inmuebles, comúnmente asociado al fenómeno de la «okupación», ha sido objeto de atención en España debido a su impacto en la propiedad privada y la seguridad ciudadana. Este delito está tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal, que establece que quien ocupe, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.
Datos recientes sobre la usurpación de inmuebles
Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles en España. Cataluña lidera las estadísticas con 4.610 casos en la provincia de Barcelona, seguida de Madrid con 1.516 y Valencia con 828.
En 2024, las cifras preliminares indican una tendencia a la baja en las denuncias por usurpación. El Gobierno ha señalado que la okupación «disminuye lentamente» y atribuye la alarma social a la desinformación.
Medidas legislativas y debates actuales
En abril de 2023, se aprobó la Ley de Vivienda, que introdujo modificaciones en el proceso de desahucio, especialmente en casos que involucran a personas en situación de vulnerabilidad económica. La ley establece nuevos requisitos para la admisión de demandas de desahucio y obliga a notificar con precisión el día y la hora del desalojo.
Paralelamente, se ha debatido una propuesta de «ley antiokupas» que busca endurecer las penas por ocupación ilegal y agilizar los desalojos. Sin embargo, hasta septiembre de 2024, el proceso legislativo ha experimentado múltiples prórrogas en el plazo para presentar enmiendas, lo que ha retrasado su entrada en vigor.
Consideraciones finales
La usurpación de bienes inmuebles continúa siendo un desafío en España, aunque las estadísticas recientes sugieren una disminución en el número de casos. Las autoridades mantienen esfuerzos para equilibrar la protección de la propiedad privada con el derecho a una vivienda digna, implementando medidas legislativas y judiciales destinadas a abordar eficazmente este fenómeno.